El régimen cubano excarcela a 21 presos políticos mientras arresta a 15 manifestantes

La Habana/El régimen cubano ha excarcelado a 21 presos políticos como parte del acuerdo alcanzado con el Vaticano, pero esa medida, presentada por las autoridades como un gesto de distensión, ha coincidido con una nueva ola represiva en la Isla. Mientras algunos reclusos han salido de prisión, al menos 15 personas han sido detenidas arbitrariamente por participar en protestas en varias provincias del país, según denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh).

La organización alertó de que, lejos de indicar una apertura política real, las excarcelaciones han estado acompañadas por un recrudecimiento de la vigilancia, las amenazas y los arrestos. “Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas. Entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se documentaron al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores”, señaló el observatorio.

La salida de 21 presos políticos, muchos de ellos condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, no ha significado una disminución de la presión sobre la disidencia ni sobre el descontento social que sigue aflorando en distintas zonas del país. Al contrario, la represión parece haberse desplazado de las cárceles a las calles y a las casas de quienes se atreven a protestar o a denunciar.

También figuran dos menores de edad: Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y Kevin Samuel Echeverría, de 15, quien además fue baleado en una pierna

Entre los hechos más recientes sobresalen las detenciones ocurridas tras las protestas en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Según el Ocdh, muchas de las 15 detenciones arbitrarias registradas en estos días están vinculadas con esas manifestaciones. Junto a los arrestos, la organización documentó amenazas, vigilancia policial permanente frente a las viviendas, arrestos domiciliarios de facto, brutalidad policial contra manifestantes, citaciones, hostigamiento contra activistas y periodistas, y nuevas denuncias de abusos dentro de las prisiones.

“Estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales”, advirtió la ONG. El régimen mantiene intacto su aparato represivo y lo activa con rapidez cada vez que detecta una expresión de malestar público.

De acuerdo con la información difundida, 12 personas siguen detenidas o no se ha podido confirmar su liberación. En la lista aparecen Ángel Baldomero Quintana Martínez, Bryan Pérez Muñoz, Erick Simón Toledano, Iledier Tabuada Machado, Juan Manuel Griñán Clemente, Raicer Crespo, Silvio de la Caridad Quintana Martínez, Vladimir Ortiz Ortiz, Yaisdely Castillo Hernández y Yosuan Naranjo. También figuran dos menores de edad: Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y Kevin Samuel Echeverría, de 15, quien además fue baleado en una pierna.

La presencia de adolescentes entre los detenidos vuelve a poner el foco sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización incluso de menores en contextos de protesta. El caso de Kevin Samuel Echeverría, herido de bala, añade un elemento especialmente grave a una secuencia de hechos en la que las autoridades no han ofrecido explicaciones públicas convincentes.

El régimen intenta capitalizar políticamente las excarcelaciones, mientras mantiene la intimidación sobre quienes protestan en el presente

Hasta el momento, los liberados tras estas detenciones arbitrarias son Catherine Gutiérrez Sánchez, Elier Muir Ávila y Rolando Pérez Lora. Sus excarcelaciones, sin embargo, no alteran el cuadro general de represión denunciado por organizaciones de derechos humanos, que insisten en que las detenciones breves, las amenazas y la vigilancia permanente son también formas de castigo político.

En paralelo, la lista de presos políticos excarcelados por el acuerdo con el Vaticano alcanza ya 21 nombres. La mayoría son condenados por sedición, desacato, desórdenes públicos, atentado o resistencia, delitos utilizados de forma recurrente por la Justicia cubana para castigar la protesta. Entre ellos se encuentran Adael Jesús Leyva Díaz, Frank Aldama Rodríguez, José Luis Sánchez Tito, Roberto Ferrer Gener y Wilmer Moreno Suárez, varios con condenas de entre 13 y 18 años de cárcel. Muchos proceden de La Habana, aunque también hay excarcelados de Artemisa, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey y Mayabeque.

La desproporción de esas sanciones, impuestas en numerosos casos a manifestantes del 11J, ha sido denunciada durante años por organismos internacionales y plataformas de derechos humanos. La mediación del Vaticano ha permitido ahora la salida de un grupo de reclusos, pero el Gobierno cubano no ha dado señales de revisar el andamiaje legal y policial que hizo posibles esas condenas ni de renunciar a seguir utilizando la represión como respuesta al descontento.

El régimen intenta capitalizar políticamente las excarcelaciones, mientras mantiene la intimidación sobre quienes protestan en el presente. La liberación parcial de presos políticos no equivale a una mejora en las libertades públicas cuando, al mismo tiempo, continúa la represión contra el que disiente.