Robos en parques fotovoltaicos: 24 custodios detenidos por complicidad

Madrid/Los custodios, llamados a proteger la energía solar están, precisamente, entre los principales colaboradores para que se produzcan robos que, muchas veces, inutilizan toda la infraestructura de un parque solar. Fue la principal conclusión extraída este jueves en el espacio televisivo Hacemos Cuba, que se emite en Canal Caribe y que abordó la prevención y el enfrentamiento a los delitos contra fuentes renovables. 

En estos momentos, hay al menos 24 custodios detenidos por hechos como estos, que se juzgan como delitos de sabotaje y tienen penas potenciales de cuatro a diez años de prisión en su versión más leve, pero pueden alcanzar los 30 –o cadena perpetua o muerte– si las consecuencias son graves o afectan a la seguridad personal de alguien. 

Entre los actualmente encausados, “23 de ellos ya han sido separados definitivamente del organismo. Nos queda uno que está bajo medida cautelar porque está en proceso de de investigación”, dijo Argelis Lescay Martínez, jefe del grupo de inversiones de energías renovables de la Unión Eléctrica. El funcionario hizo énfasis a lo largo de todo el programa en la importancia que tiene realizar una buena selección de personal para contar con custodios comprometidos.

“Yo creo que tienen que estar las mejores personas cuidando el parque. La gente más responsable, más seria, la gente con una conducta cívica más apropiada"

“Yo creo que tienen que estar las mejores personas cuidando el parque. La gente más responsable, más seria, la gente con una conducta cívica más apropiada. Pero también, no solo el salario, hay que darle cariño a esas personas necesitan sentir que están en el lugar más importante, que está brindando energía para ese pueblo. No es solo el salario”, insistió. 

Las cifras, desde luego, no dejan lugar a dudas. Estos trabajadores, puntualizó, están en la escala seis de personal de apoyo, que según las disposiciones oficiales implica un sueldo base de 4.065 CUP, a ellos se añadiría un complemento que, según aproximaciones de Lescay Martínez, rondaría los 877 pesos. En total, con los datos facilitados, el empleado gana unos 5.000 pesos al mes, que al cambio informal suponen en torno a seis dólares.

Por más que el teniente coronel Eduardo Ábalo Mendoza, segundo jefe de departamento en la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, estuviera de acuerdo –”hay que buscar el personal selectivo con convicción para proteger estas instalaciones”–, hubo una opinión discrepante en la sala.

“Tenemos… digamos una alta desmotivación salarial. Somos uno de los salarios más bajos que hoy tienen los sistemas empresariales del país. El salario de un custodio nuestro no sobrepasa los 4000 pesos o 3.700 y algo”, afirmó Junior González Núñez, vicepresidente primero del Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Humberto López, presentador del espacio, interrumpió al directivo: “Es un asunto que tiene que mejorar inmediatamente porque estamos hablando de que es el lugar del cual depende el agua de una comunidad”, reconvino.  

“Tenemos… digamos una alta desmotivación salarial. Somos uno de los salarios más bajos que hoy tienen los sistemas empresariales del país. El salario de un custodio nuestro no sobrepasa los 4000 pesos o 3.700 y algo”

González Núñez abundó en que la situación del agua es sustancialmente distinta a la de los grandes parques eléctricos e, incluso, las instalaciones en edificios comunitarios, porque al estar los paneles instalados en comunidades pequeñas a las que llevar el agua, el delito queda en un círculo reducido donde los propios vecinos ayudan a resolver la situación e, incluso, señalan al culpable. 

Según explicó, hay unas 856 comunidades con estos recursos, de las más de 1.300 que se pretende cubrir, pero cualquiera de estos robos puede dejar sin agua corriente a más de 20 familias. En el caso de las empresas hidráulicas no son custodios específicamente –salvo de noche– los que se encargan de la vigilancia de los paneles, sino operadores especializados.

En el caso de los parques solares, dijo Lescay Martínez –donde más casos de vandalismo hay, por estar apartados en los campos–, primero se realiza la instalación, junto con la capacitación en materia operativa y de seguridad. “Muchas de estas instituciones tienen su cuerpo propio de seguridad y protección y nosotros formamos parte de la preparación que le brindamos”, apuntó. Cuando acaba el montaje, la responsabilidad ya queda en manos de estos trabajadores.  

Lescay Martínez contó que los 46 parques ya instalados en el país tienen en cada mesa (estructura metálica), unos 26 o 28 paneles, pero basta con robar uno para acabar con todo el circuito. “Cuando se hace una sustracción de un panel fotovoltaico deja inutilizada la energía de la mesa completa”, expuso. Esto supone, calculó, en torno a 15,5 kilovatios por hora que se quedan sin generar. Muchos de los robos preceden, incluso, a la puesta en marcha del parque, cuando las piezas están almacenadas dentro de la cerca para su instalación. Ni la cerca ni las cámaras de seguridad han impedido el vandalismo, precisamente por la cooperación de quien lo debe supervisar. 

“Hay un gran por ciento de hechos de esta índole que están esclarecidos y otros que están en fase ahora de investigaciones”

“Hay un gran por ciento de hechos de esta índole que están esclarecidos y otros que están en fase ahora de investigaciones”, afirmó Ábalo Mendoza, que lamentó que también haya violencia en muchas ocasiones, incluyendo lanzamiento de piedras con resultado de lesiones para esos custodios que se exponen su vida por un salario tan bajo. 

El teniente coronel advirtió de que los paneles se pueden identificar uno a uno facilitando la detección del origen de uno que haya sido robado. “Es muy fácil a la hora de hacer un proceso investigativo, llegar a una vivienda, ver los paneles y el número y buscar el número y se sabe que el panel de dónde viene. Además, el panel tiene un dato de chapa atrás donde viene un grupo de datos que es lo que es evidente que viene de tal parque fotovoltaico, de tal proyecto”, añadió.

Mientras tanto, argumentaron los invitados, aunque hay un 5% de recursos extra previstos en el contrato para reponer los elementos que puedan romperse –lo que hace posible tener reservas ante un robo–, no siempre existe cobertura de lo necesario. Y, en lo que llega, “una comunidad se queda, como decía el compañero, ocho o diez días sin el agua potable. Más la reposición que hay que hacerle de los paneles, la consecuencia es elevada”.