La SIP exige la libertad de Henry Constantín y la legalización de medios independientes en Cuba

La Habana/La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha vuelto a incluir a Cuba en sus alertas decretadas tras su asamblea anual, en esta ocasión celebrada, este domingo, en Bogotá (Colombia). El organismo se refiere en su reporte expresamente al caso de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para la Isla de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la propia SIP, cuyo encarcelamiento preventivo considera de “especial gravedad”.

Tal y como recuerda la organización, Constantín “permanece recluido en la prisión Kilo 7, acusado de desobediencia, después de que un tribunal rechazara un recurso de habeas corpus presentado en su favor”. Por ello, exige su liberación “y el pleno respeto de sus garantías judiciales y del derecho de su defensa”.

En sus considerandos, la SIP expone que en Cuba “se ha intensificado el uso de mecanismos policiales y judiciales contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan sobre asuntos de interés público, mediante detenciones, citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y procesos penales”, y que “periodistas independientes continúan enfrentando restricciones para salir del país, mientras la prensa independiente carece de reconocimiento legal y el Estado mantiene el control de los principales medios, las telecomunicaciones y otras actividades esenciales para la producción y difusión de información”.

“Persiste la aplicación de figuras penales de amplio alcance en casos vinculados con la libertad de expresión, así como la falta de información sobre investigaciones”

Según prosigue el organismo, el Decreto 160/2026 –que desde el pasado julio abre varias actividades al sector privado– en realidad refuerza el control, “al limitar la posibilidad de formalizar medios independientes y mantener bajo control estatal actividades relacionadas con el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias y la radiodifusión, en un contexto agravado por los apagones y las deficiencias de conectividad”.

Además, indica que “persiste la aplicación de figuras penales de amplio alcance en casos vinculados con la libertad de expresión, así como la falta de información sobre investigaciones o sanciones contra los responsables de acciones de hostigamiento y represión”. La SIP cita en su exposición la Declaración de Chapultepec, que establece que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y que su ejercicio “no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

Así, aparte de la liberación de Constantín, el organismo insta al régimen “a garantizar el reconocimiento y funcionamiento de medios independientes y a eliminar las normas y prácticas que restringen el ejercicio de la libertad de prensa”.

De igual manera, resolvió “condenar el hostigamiento, la vigilancia, las detenciones y los procesos penales contra periodistas, creadores de contenido y ciudadanos por ejercer su derecho a informar y expresarse”, así como “exigir el cese de las restricciones arbitrarias de movimiento y de las prohibiciones de salida del país impuestas a periodistas”.

"La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país"

En su 82ª asamblea general, la SIP también se refirió a Nicaragua, acreditando que el Gobierno de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene “una censura estructural y una persecución sistemática contra el periodismo independiente” en ese país.

“La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante”, alertó la SIP en el informe aprobado tras la reunión en Bogotá.

Esa organización cita un estudio de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled), que ha documentado que desde 2018 más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado, mientras que en 2025 al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión debido a la precariedad económica, el desempleo, el cierre de espacios informativos y el riesgo de represión.

Como consecuencia, la Fled identifica 11 departamentos (provincias) –el 65% del territorio nacional– como “zonas de silencio informativo”, aunque los esfuerzos de medios y periodistas en el exilio siguen manteniendo informada a la población.

En Nicaragua, además, no se cuenta actualmente con periódicos impresos en circulación, advirtió.

La SIP indicó que ante la casi desaparición del periodismo de calle, la presión estatal se ha desplazado hacia el ámbito digital y hacia mecanismos administrativos y legales

La SIP indicó que ante la casi desaparición del periodismo de calle, la presión estatal se ha desplazado hacia el ámbito digital y hacia mecanismos administrativos y legales.

En ese sentido dijo que en abril de 2025, el Gobierno, a través de la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100% Noticias.

Un mes después, el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos, alegando incumplimientos técnicos.

Entre abril y junio del año pasado, la Fled registró 28 agresiones digitales, incluyendo campañas de difamación, divulgación de datos personales y amenazas contra periodistas y sus familias, impulsadas por redes de troles y perfiles afines al oficialismo.

Asimismo, la SIP advirtió que el marco legal continúa siendo utilizado como instrumento de intimidación y mencionó las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos y al Código Penal que incorporaron conceptos ambiguos vinculados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”, que permiten restringir la divulgación de información considerada no autorizada.

Además, anotó que en 2026 también se impulsó una reforma constitucional para elevar a rango constitucional restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”, los cuales han sido utilizados contra periodistas.

De igual forma, la organización interamericana afirmó que el derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los periodistas independientes.

Por otro lado, la Fled también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales. La Policía Nacional y otros agentes estatales son señalados como los principales responsables de estas prácticas, que incluyen seguimiento, restricciones de movilidad, decomiso de dispositivos e interrogatorios, de acuerdo con el informe.