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‘El sistema estatal está agotado’ en algunos sectores, admite el Gobierno

El restaurante St. Pauli, en Santiago de Cuba. (14ymedio)
Víctor Ariel González

02 de octubre 2014 - 13:00

La Habana/La privatización sigue su curso en Cuba. Ahora le toca a la gastronomía y a los servicios técnicos y personales. La enorme –y a todas luces ineficiente– maquinaria empresarial socialista continúa desmontándose con el fin de preservar el régimen que alguna vez la impuso como única forma de gestión económica.

Los trabajadores por cuenta propia se ven atareados desde bien temprano hasta que el sol se pone. Nadie llega tarde, pues quién sabe cuántos clientes se pueden perder por no tenerlo todo dispuesto a la hora de abrir, que es casi sagrada. Tampoco se quejan por muy fatigosa que sea la jornada, sino todo lo contrario. Cuanto más trabajan, más dinero hacen. Sienten que vale la pena esforzarse para sí mismos y no para algún tipo de "emulación socialista". En su mayoría, estos trabajadores son, por contraste, la prueba viviente de la ineficiencia estatal para administrar una empresa.

El sector privado sigue ganando terreno en la economía nacional, como lo demuestra la intervención de altos funcionarios de varios ministerios –Comercio Interior, Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social– en el programa televisivo Mesa Redonda del pasado martes. Los panelistas afirmaron que se está trabajando en la conformación de las normas jurídicas para extender la gestión no estatal a todas las unidades gastronómicas y de servicios del país.

Esto significa que el Estado dejará de administrar directamente cafeterías, bares y restaurantes. Los únicos servicios que se mantendrán son los relacionados con "programas priorizados", entre los que se cuenta el de ahorro energético.

El proceso, que empezó en 2009 con el arrendamiento de instalaciones estatales a barberías y peluquerías privadas, se extendió en 2012 de manera experimental a la gastronomía.

El objetivo de estos cambios, según fuentes oficiales, fue incrementar la calidad de los servicios, diversificar ofertas y proteger al consumidor. Indiscutiblemente, al menos los dos primeros aspectos se han conseguido.

Se han extendido los servicios y la productividad de las cooperativas supera varias veces la de las empresas estatales

Desde que surgieron las cooperativas no agropecuarias y proliferaron los privados, aquellos establecimientos que antes administraba el Estado hoy "funcionan mejor". La afirmación viene de los entrevistados por la televisión nacional que reconocen que "hay algunos servicios donde el sistema estatal está agotado". Si bien los precios en algunos renglones han subido, también se han extendido los servicios, y la productividad de las cooperativas supera varias veces la de las empresas estatales.

La apertura hacia el sector privado también tiene como objetivo esencial la absorción de una gran masa laboral en paro. El Gobierno de Raúl Castro ha modificado o eliminado las empresas que no son rentables, dejando una gran cantidad de trabajadores en la calle. Los desempleados, llamados oficialmente "trabajadores disponibles", presuntamente migrarían al sector privado.

El traspaso de funciones hará que el Estado se desentienda directamente de unos 134.000 empleados en un plazo que en principio se ha fijado para dos años y medio. A los asalariados se les entregará su expediente laboral y a quienes "no se quieran acoger" a los nuevos modelos de gestión se les aplicará un proceso de "disponibilidad".

Aproximadamente un 20% del total de trabajadores han sido definidos como "indirectos" y corresponderá a la nueva empresa no estatal decidir cómo "administrar más eficientemente sus recursos". En otras palabras, varios podrían perder su empleo. Pero todavía se espera que "más de 100.000 trabajadores de la gastronomía y los servicios pasen a la condición de trabajador por cuenta propia o cooperativista"

Los altos funcionarios que comparecieron en la televisión aseguran que "se trabaja" en definir un sistema de abastecimiento para las cooperativas no agropecuarias que surgirán al amparo de esta nueva política, calificada de "abarcadora". Como es habitual, no han tardado en fijar los límites formales de las transformaciones, al asegurar que "se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción" y que la propiedad de los establecimientos arrendados es "intransferible" a los particulares. Tampoco se permitirá el resurgimiento de las tiendas de ropa y calzado, cuya clausura hace pocos meses habría dejado sin empleo a alrededor de 20.000 privados, según algunos analistas.

Del mismo modo, las autoridades afirman que se le debe cerrar el espacio a la espontaneidad y la improvisación. La creación de cooperativas deberá estar en armonía con los intereses del Estado, encargado de negociar las funciones de las nuevas empresas.

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