El Tribunal Supremo de EE UU falla a favor de Exxon Mobil y niega la inmunidad del Estado cubano

Madrid/La Corte Suprema de EE UU ha fallado a favor de Exxon Mobil en su disputa contra el Estado cubano y abre la vía a reclamar compensaciones por las propiedades confiscadas en la década de los 60. Hasta la fecha, el Gobierno de Cuba se amparaba en la inmunidad soberana extranjera, pero los magistrados del Alto Tribunal han decidido, por seis votos a favor y tres en contra, que, por su propia naturaleza, la Ley Helms-Burton ya deroga la inmunidad de empresas y entidades estatales, empezando por Cimex, que es la implicada.

Exxon Mobil, antes llamada Standard Oil Company, reclamó ante los tribunales estadounidenses la expropiación de la actual refinería Ñico López de La Habana, así como 117 gasolineras que operaban en la Isla antes de la llegada de Castro al poder. La demanda se impuso contra la Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo (Cupet) aprovechando la activación del título III de la Ley Helms-Burton. Esta normativa se había aprobado en 1996, pero ese apartado, que permitía pedir compensaciones por las confiscaciones de los años 60 estuvo suspendido hasta hasta 2019, durante la primera Administración de Donald Trump. 

Aquel movimiento abrió las puertas a docenas de denuncias por esas propiedades, aunque hasta la fecha no ha habido ninguna sentencia firme que permita recuperar dinero alguno. En el caso de Exxon Mobil, una de las dos principales reclamaciones que ha llegado al Supremo, las pérdidas declaradas por la compañía ascendían a 72 millones de dólares en esa época, una cifra que ahora equivaldría a más de 600 millones.

En el caso de Exxon Mobil, una de las dos principales reclamaciones que ha llegado al Supremo, las pérdidas declaradas por la compañía ascendían a 72 millones de dólares en esa época, una cifra que ahora equivaldría a más de 600 millones

En 2024, un tribunal de apelaciones concluyó que la estadounidense no podía reclamar al Estado cubano, ya que las empresas estatales están protegidas por la inmunidad soberana de países extranjeros. Exxon decidió llevar el caso hasta el Supremo el pasado abril y la decisión ha sido favorable a sus intereses, facilitando que el caso vuelva a los tribunales para entrar al fondo de la cuestión. 

La decisión era una de las más esperadas después del otro gran caso de este tipo, resuelto el pasado mayo, cuando el mismo tribunal dio la razón a Havana Docks Corporation en su reclamación contra las compañías Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises. Las cuatro habían sido condenadas en 2022 a pagar más de 400 millones de dólares por lucrarse con propiedades confiscadas en los 60, pero también aquí un tribunal de apelaciones bloqueó la multa por razones de tipo técnico. En este asunto, los jueces consideraban que los derechos de Havana Docks Corporation –que no era propietaria, sino arrendataria de los muelles– expiraron antes de que las cuatro compañías de cruceros las explotaran. 

El Supremo tumbó ese fallo hace un mes, devolviendo la causa a los tribunales para la decisión final.

El recurso de Exxon contaba con el respaldo de la Administración de Trump y esto se ha reflejado en el voto de sus magistrados, ya que los seis conservadores han respaldado a la compañía estadounidense. La decisión, sustanciada en un documento de 35 páginas, señala que los Gobierno extranjeros, incluidas sus empresas, gozan de una presunción de inmunidad frente a demandas en los tribunales de los EE UU salvo algunas excepciones, pero en el caso de la Ley Helms-Burton ni se aplica dicha inmunidad ni los denunciantes están obligados a demostrar que se cumplen los criterios para la exención.

Son varias las empresas que han interpuesto demandas con base en la Helms-Burton contra otras compañías que se han enriquecido con las propiedades confiscadas, además de las cruceristas antes citadas. Entre ellas están Expedia o Airbnb.

Pero la decisión del Supremo tiene otras implicaciones, ya que abre la vía para demandar directamente al Estado al considerar que no puede invocar la ley de inmunidad. En la práctica, esto abre la posibilidad de recuperar el dinero –en caso de que el tribunal falle definitivamente a favor del demandante– confiscando activos en el exterior. 

Pese a todo, cobrar seguirá siendo complicado, como se ha visto en un asunto muy distinto: la indemnización por el asesinato en prisión de Rafael del Pino. La justicia de EE UU consideró hace 28 años que correspondía al Estado cubano pagar por la muerte en una de sus cárceles del ex piloto –y ex amigo de Fidel Castro– con nacionalidad estadounidense. Sin embargo, no hay propiedades suficientes en el país que se puedan embargar para satisfacer la deuda, por lo que sus herederos intentan activar otras vías, entre ellas la española, con cuya burocracia llevan años topando.