Los impagos del Gobierno cubano ahogan a decenas de empresas españolas

Un nuevo documento ha puesto de relieve la magnitud de la deuda que el régimen cubano tiene con compañías extranjeras, en este caso españolas. Se trata del más reciente informe de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, al que tuvo acceso el diario El País, que recoge que el volumen de impagos que acumula el Gobierno con las empresas españolas presentes en la Isla es de 255,9 millones de euros. 

La deuda total, sin embargo, sería aún mayor, pues a esa cantidad hay que sumar 39,5 millones en dividendos retenidos, 23,6 millones en fondos comerciales, y 11,3 millones en cobros de Cuentas de Bienes Específicos (Finesp). Estas cuentas no aparecen como deuda reconocida, pero en la práctica es dinero que las empresas no pueden repatriar.

En abril de 2025, varias firmas españolas denunciaron que el Gobierno cubano había congelado sus cuentas bancarias y que no les permitía repatriar las divisas que tenían, en algunos casos de varios millones de dólares. A cambio, explicaron en aquel momento las fuentes a la agencia EFE, las autoridades les ofrecían –en una serie de encuentros individuales que denominaban “entrevistas”– la posibilidad de abrir en la Isla un nuevo tipo de cuentas bancarias en divisas. Sin que mediara ningún anuncio oficial, diez meses después, el régimen extendía la medida a más empresas, reconociendo de facto el "corralito" no explícito que ya sufría el país desde hacía tiempo.

En el informe de la Oficina Comercial publicado este miércoles por El País, el 15% del total de empresas encuestadas aporta un dato demoledor: solo lo que les debe el Estado cubano supera su facturación en el último año. Esta situación las coloca en un riesgo financiero y compromete su viabilidad. Aunque las empresas opten por esperar un cambio en la crisis para mantener sus inversiones, las deudas y la retención de divisas dificultan cualquier estrategia de supervivencia.

El 15% del total de empresas encuestadas aporta un dato demoledor: solo lo que les debe el Estado cubano supera su facturación en el último año

En el informe participó sólo un 19,5% de las 930 compañías españolas en el país, lo que indica que la deuda podría ser mayor; aunque el número de firmas que respondieron a la encuesta se corresponde casi con las que están en concurso de acreedores. Las más perjudicadas en volumen son las medianas empresas, a las cuales se les debe como promedio 2 millones de euros; mientras que las menos perjudicadas son las pequeñas empresas, con un importe medio de deuda de 850.000 euros. De las empresas encuestadas, el 85% (154 firmas) confirmaron que arrastraban la deuda por importes generados mayormente en los tres ejercicios transcurridos entre 2017 y 2019.

La cifra proporcionada por la Oficina Comercial es similar a la reportada por la patronal catalana Foment del Treball Nacional, en junio del año pasado, al denunciar que el Estado cubano adeudaba más de 350 millones de euros a unas 300 empresas españolas, de las cuales un 15% se encontraba en situación financiera crítica o debieron cerrar sus actividades. 

En las actuales condiciones económicas, ninguna empresa va a invertir dinero en Cuba

Según El País, un representante de la Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, integrada a Foment del Treball, opina que una forma de aliviar esos impagos sería a través de los programas de conversión de deuda del Estado español. “En las actuales condiciones económicas, ninguna empresa va a invertir dinero en Cuba. Pero sería muy importante que ese dinero se destinara a enjugar la deuda de esas compañías acreedoras, que en su gran mayoría suministran alimentos, medicinas y vacunas a diez millones de personas en riesgo de sufrir una crisis humana inédita en el archipiélago”, aseguró el portavoz del grupo de empresas españolas perjudicadas por la deuda.

El pasado julio, el Gobierno de España puso en marcha un Programa de Conversión de Deuda que contempla la utilización de hasta 375 millones de euros para financiar proyectos en Cuba. Aunque la iniciativa se presentó como un mecanismo de reordenamiento de los impagos y cooperación, en la práctica no ha solucionado nada.