El caso de William Morales reabre el debate sobre el asilo a terroristas en Cuba
Opinión
Fernández de Cossío, viceministro cubano de Exteriores, negó en una entrevista conocer este caso
Madrid/William Guillermo Morales es un nombre que resume varias décadas de tensiones entre Washington y La Habana. Su caso es uno de los más citados cuando se habla de prófugos buscados por la justicia estadounidense que encontraron refugio en la Isla, y vuelve a cobrar relevancia después de la reciente entrevista que el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, concedió al periodista Mehdi Hasan. El diplomático rechazó las acusaciones de que la Isla ampara a terroristas, pero en la historia de Morales hay elementos que difícilmente encajan con esa versión oficial.
Morales, ingeniero neoyorquino de origen puertorriqueño, fue miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Faln), un grupo clandestino que en la década de 1970 llevó a cabo decenas de atentados con bombas en Estados Unidos para exigir la independencia de Puerto Rico. La acción más sangrienta de las Faln ocurrió en enero de 1975, cuando un artefacto explotó en el restaurante Fraunces Tavern, en Manhattan, causando la muerte de cuatro personas y dejando heridas a decenas.
Aunque Morales no fue condenado directamente por ese ataque, en 1978 fue detenido tras la explosión accidental de una fábrica de bombas en Queens. La detonación lo dejó gravemente mutilado, con las manos destrozadas y el rostro desfigurado. En el apartamento, la Policía encontró explosivos y documentos que lo vinculaban con la red de las Faln y con el atentado de Fraunces Tavern.
Morales fue condenado a 89 años de prisión por posesión de armas y explosivos. Estaba hospitalizado en el Bellevue Hospital Center de Nueva York para recibir prótesis cuando, en mayo de 1979, protagonizó una fuga cinematográfica. El terrorista usó una cuerda improvisada con vendajes para descolgarse por la ventana del baño, ayudado por simpatizantes del movimiento clandestino. Huyó a México, donde en 1983 fue arrestado después de un tiroteo con la Policía que dejó un agente muerto. Pasó cinco años en prisión en ese país y, al salir en libertad en 1988, consiguió viajar a Cuba, donde obtuvo refugio político. Desde entonces vive en La Habana, libre y protegido por el Gobierno cubano, a pesar de los reclamos de extradición de Estados Unidos.
Las familias de los fallecidos en Fraunces Tavern han pedido reiteradamente que Morales sea extraditado y cumpla la condena que evadió
El caso de Morales evidencia cómo el régimen cubano ha servido como refugio de individuos acusados de terrorismo o de crímenes graves en EE UU. El ejemplo más conocido es Joanne Chesimard, alias Assata Shakur, ex miembro del Ejército de Liberación Negro, condenada por el asesinato de un policía de Nueva Jersey en 1973 y prófuga desde 1979. Shakur falleció en La Habana este 25 de septiembre, debido a problemas de salud y su avanzada edad.
También se menciona a Charles Hill, implicado en el asesinato de un policía en Nuevo México en 1971 y refugiado en Cuba desde los años 70. Para las autoridades estadounidenses, estos casos son prueba de que La Habana viola acuerdos internacionales sobre cooperación judicial y combate al terrorismo. Para el Gobierno cubano, se trata de luchadores políticos que enfrentaron persecución y que merecen asilo.
Fernández de Cossío, en su diálogo con Mehdi Hasan, negó conocer el caso de Morales, defendió que Cuba no protege terroristas y consideró que las acusaciones de Washington forman parte de una campaña de presión política. Sin embargo, el argumento no resuelve el dilema de las víctimas, que siguen reclamando justicia medio siglo después de los hechos. Las familias de los fallecidos en Fraunces Tavern han pedido reiteradamente que Morales sea extraditado y cumpla la condena que evadió. Para ellas, la decisión de La Habana es una afrenta que prolonga el dolor.
El asilo concedido a Morales tiene implicaciones que van más allá de lo legal. La negativa del régimen cubano a cooperar con la Justicia estadounidense en casos de asesinatos de civiles plantea un problema ético. La presencia de Morales en La Habana es una especie de fantasma político: no aparece en la prensa oficial, no participa en actos públicos, pero es un símbolo de la vieja alianza entre el independentismo armado y el Gobierno cubano. En un momento en que La Habana busca desesperadamente mejorar su imagen internacional y normalizar relaciones con Washington, proteger en la Isla a fugitivos de crímenes violentos es un lastre que alimenta la desconfianza y da argumentos para mantener las sanciones.
El caso de William Morales es un recordatorio de que las deudas históricas no prescriben y que el refugio político, cuando se extiende a autores de atentados contra civiles, deja de ser un gesto humanitario para convertirse en una decisión política con consecuencias.