Unas 460 investigaciones sobre delitos contra el SEN llevaron a condenas de hasta 20 años por sabotaje
Juicios
La Fiscalía informa sobre los casos juzgados en 2026 por robo de aceite dieléctrico y daños en parque fotovoltaicos
Madrid/Mientras el país se preparaba a registrar este lunes un nuevo récord de apagón, con un déficit previsto de 2.410 megavatios, la Fiscalía General de la República de Cuba advirtió de que aplicará "todo el rigor de la ley" contra quienes cometan delitos contra el sistema eléctrico nacional. Reveló que todas las personas juzgadas en 2026 por hechos de este tipo han sido condenadas por el delito de "sabotaje", la mayoría a penas de entre nueve y 20 años de prisión.
Más de 460 investigaciones penales se han iniciado en el país entre 2025 y el primer semestre de 2026, señala la nota oficial publicada por el organismo, principalmente por los delitos de “sabotaje”, “daños”, “robo con fuerza en las cosas”, “hurto” y “receptación”.
La sustracción de aceite dieléctrico de transformadores es el delito predominante, con más de 300 denuncias durante ese periodo en todas las provincias. Según la Fiscalía, las mayores incidencias se registraron en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa. El organismo también reporta robos de angulares de torres de alta tensión, cables, alambres y tornillos de las redes de distribución, además de daños en parques solares fotovoltaicos.
El 87% de los imputados presentados recibió la medida cautelar de prisión provisional, señala el comunicado. Siempre con el mismo tono de advertencia, la Fiscalía recuerda que los artículos 125 y 126 del Código Penal cubano establecen para el delito de “sabotaje” penas de entre siete y 30 años de privación de libertad, además de privación perpetua de libertad o muerte en casos con agravantes.
La sustracción de aceite dieléctrico de transformadores es el delito predominante, con más de 300 denuncias durante ese periodo en todas las provincias
Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular considera delito de sabotaje los hechos vandálicos mediante los cuales se sustraigan, dañen, alteren o perjudiquen entidades, componentes, partes y piezas destinados al sistema eléctrico nacional, así como otros actos de similar naturaleza que afecten infraestructuras consideradas críticas: abasto de agua, comunicaciones, transporte y otros sectores.
El organismo sostiene que los robos de aceite dieléctrico han afectado durante periodos prolongados a miles de familias, no solo por la interrupción del servicio eléctrico, sino también por sus consecuencias sobre otros servicios públicos. Entre las afectaciones menciona la paralización de centros productivos relacionados con el abastecimiento de alimentos, agua y comunicaciones, daños a entidades agropecuarias y transformadores que no pudieron ser recuperados.
La nota también lamenta que algunas personas han muerto mientras intentaban realizar estos hurtos, “debido a que las líneas se encontraban energizadas”. La Fiscalía explica que el aceite sustraído ha terminado en el mercado informal para ser utilizado como combustible. Los hechos ocurren, según las investigaciones del Ministerio del Interior, principalmente en lugares de poco tránsito, con iluminación deficiente y escasa protección.
En un país que atraviesa la peor crisis económica desde 1959, con una población sumida en la precariedad y con pocas alternativas para obtener ingresos, la existencia de un mercado informal y las oportunidades que ofrecen los transformadores con escasa protección pueden contribuir a explicar la escalada de estos robos, pese a las altas penas, el riesgo físico que implican y sus consecuencias para muchos ciudadanos.
La Fiscalía atribuye el agravamiento de la situación a "la guerra económica y la política de máxima presión del Gobierno de los Estados Unidos"
La Fiscalía insiste en que estos hechos deben ser enfrentados con severidad y atribuye el agravamiento de la situación a "la guerra económica y la política de máxima presión del Gobierno de los Estados Unidos".
La nota cierra con un llamado a incrementar las acciones preventivas y de enfrentamiento, así como "el control riguroso de lo establecido" y “la vigilancia por parte de entidades, organizaciones y población en las comunidades”.
"Siendo consecuentes con nuestra misión de defender la legalidad socialista", concluye el organismo, "no habrá impunidad para quienes, en estas complejas circunstancias, afecten el bienestar de nuestro pueblo".