Condenado a 12 años un trabajador del Hospital Provincial de Santiago de Cuba por robar combustible
Delitos
La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado lo sentencia por sabotaje tras sustraer más de 5.700 litros de diésel
Madrid/Un trabajador del Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, fue condenado a 12 años de prisión por “apropiación indebida” y “sabotaje”. El hombre fue procesado por sustraer más de 5.700 litros de diésel destinados a los grupos electrógenos del centro sanitario y contaminar con agua el combustible de reserva, lo que dejó inutilizados los generadores durante un apagón.
Según relata una nota oficial del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sobre el juicio, celebrado en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, el acusado trabajaba como “Especialista B” en ahorro y uso racional de la energía, y era la única persona encargada del control del combustible almacenado para alimentar los grupos electrógenos del hospital. Aprovechando esa responsabilidad, extrajo un total de 5.742 litros de diésel de los tanques de almacenamiento, que posteriormente vendió en el mercado informal.
Para ocultar el faltante, de acuerdo con la sentencia, el empleado rellenó temporalmente los grupos electrógenos con combustible de reserva. Sin embargo, al prever una inspección de la Unidad Empresarial de Base de Generación de Energía, vertió una cantidad similar de agua en el tanque de reserva, contaminando así el diésel.
El fallo provocó la interrupción del tratamiento de cinco pacientes conectados a ventiladores pulmonares mecánicos en terapia intensiva
La manipulación se hizo evidente, prosigue la versión oficial, tras una desconexión del sistema eléctrico nacional y los grupos electrógenos del hospital no pudieron entrar en funcionamiento. Según el comunicado, el fallo afectó los servicios asistenciales tanto del Saturnino Lora como del Cardiocentro de Santiago de Cuba y provocó la interrupción del tratamiento de cinco pacientes conectados a ventiladores pulmonares mecánicos en terapia intensiva. La contaminación del combustible también dañó filtros protectores y decantadores de los grupos electrógenos.
El tribunal consideró al acusado autor de los delitos de apropiación indebida y sabotaje, previstos en los artículos 424 y 125 del Código Penal cubano, y le impuso una sanción conjunta de 12 años de privación de libertad, además de la prohibición de salida del país y la privación de derechos públicos. También deberá asumir “la responsabilidad civil derivada de los daños”.
La sentencia se produce en medio del endurecimiento penal impulsado por el Gobierno cubano ante cualquier afectación relacionada con el sistema eléctrico nacional. En abril de este año, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, exigió “mano dura” contra estos delitos y un aumento en el enfrentamiento contra el robo de combustible y aceite dieléctrico de transformadores.
Las sanciones pueden llegar, según la gravedad del hecho y sus consecuencias, hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua, o incluso la pena de muerte
En ese contexto, la prensa oficial recordó que el sabotaje contra el sistema electroenergético nacional está tipificado en el Código Penal cubano con sanciones que pueden llegar, según la gravedad del hecho y sus consecuencias, hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua, o incluso la pena de muerte.
Recientemente los tribunales han aumentado los llamados “juicios ejemplarizantes” por robos de combustible y delitos asociados a la infraestructura energética, de una forma que parece querer desplazar hacia esos delitos puntuales la responsabilidad por el deterioro estructural del sistema eléctrico nacional. El pasado marzo, dos hombres fueron condenados en Ciego de Ávila a nueve y siete años de cárcel por robar tornillos destinados a un parque fotovoltaico, también bajo cargos de sabotaje.
La escasez, la necesidad y las oportunidades de un mercado negro que paga lo que el Estado no puede garantizar, han multiplicado este año los robos de combustible y aceite dieléctrico. Estos actos afectan directamente a la población pero también ponen en riesgo a los propios perpetradores, que en ocasiones han resultado heridos o han muerto durante la sustracción.