Félix Navarro y su hija Saylí pudieron verse en la cárcel; el número de presos políticos sube a 1.250

Madrid/Este miércoles, más de tres meses después de impedírselo, las autoridades de la prisión Agüica, en el municipio de Colón (Matanzas), permitieron que Félix Navarro y su hija, Saylí, ambos presos políticos, pudieran tener un encuentro. La joven fue trasladada desde la cárcel de mujeres matancera de La Bellotex, donde cumple ocho años de condena por desórdenes públicos, desacato y atentado, los mismos delitos por los que su padre fue sentenciado a nueve años.

La esposa de Félix Navarro y madre de Saylí, Sonia Álvarez Campillo, se enteró de la visita permitida justo cuando fue a visitar a su marido, junto a Iván Hernández Carrillo, según afirmó este en declaraciones a Radio Martí. “Permitieron a Sonia entrar y una militar la recibió allí y le dijo que Félix estaba bien. Sonia le dijo que quería fe de vida, que quería ver a Félix, y ella le respondió que no podían traerlo porque estaba en visita con la hija”, contó el activista. Sería Sayli, le dijeron los guardias, quien informaría sobre el estado de salud del padre.

La última vez que le permitieron el encuentro, prosiguió Hernández Carrillo, fue en noviembre, cuando es un derecho que tienen cada 45 días. “Ya llevaban tres visitas que le correspondían y no se la habían dado”, denunció.

El activista también dijo que Navarro no se encuentra ya en la celda de castigo a la que fue trasladado tras la brutal golpiza que recibió el jueves pasado

El activista también dijo que, al menos aparentemente, Félix Navarro no se encuentra ya en la celda de castigo a la que fue trasladado tras la brutal golpiza que recibió el jueves pasado. Si fuera así, razonó Hernández Castillo, “no le hubieran permitido la visita”.

La paliza fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Cuba Decide, que presentó un llamado urgente por los hechos. De acuerdo con el relato de Juan Carlos Vargas, director de Cuba Decide, a Martí Noticias, la agresión ocurrió después de una visita familiar, cuando el opositor fue interceptado por funcionarios penitenciarios, esposado y golpeado mientras se encontraba en estado de indefensión.

Tanto Navarro –quien formó parte en 2003 de los presos de la Primavera Negra, tiene 72 años y está aquejado de varios problemas de salud– como su hija fueron detenidos la mañana del 12 de julio de 2021, cuando se presentaron en la Unidad Policial del municipio matancero de Perico para interesarse por la suerte de los detenidos el día anterior, tras las históricas manifestaciones del 11J. 

Precisamente este jueves, Prisoners Defenders (PD) hizo público su informe mensual sobre presos políticos, que volvió a marcar en marzo un nuevo récord. Con 44 nuevos prisioneros de conciencia el mes pasado, la cifra se eleva a 1.250 (36 más que los contabilizados en febrero). Ha crecido también “de forma significativa”, denuncia la ONG con sede en Madrid, el número de mujeres y menores detenidos, lo que evidencia “un aumento relevante de la represión también contra colectivos vulnerables y un impacto devastador sobre familias enteras”.

Con 13 nuevas presas políticas, la cifra de mujeres se sitúa en 145, y la de personas que fueron detenidas mientras eran menores de edad, 33. Dos de ellos entraron en el mes de marzo: Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, de 15. Ambos fueron detenidos en Morón, Ciego de Ávila, luego de la multitudinaria protesta en la que los manifestantes llegaron a tomar la sede del Partido Comunista, el pasado 13 de marzo.

Entre los casi 200 detenidos en el contexto de los hechos de Morón, han confirmado 12 presos políticos, todos ellos “sin orden de arresto ni tutela judicial

Kevin Samuel fue apresado días después de las protestas y “sometido a interrogatorios bajo custodia”, detalla la organización, “siendo acusado de haber participado como uno de los organizadores de la protesta, pese a que existen evidencias de que las manifestaciones fueron pacíficas”. En cuanto a Jonathan –hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila, acosado desde hace años por el régimen, y por cuyo encarcelamiento ha pedido explicaciones la CIDH–, PD destaca la acusación “de extrema gravedad que enfrenta”, sabotaje, “un cargo que en Cuba suele ser llevado ante tribunales militares”.

Entre los casi 200 detenidos en el contexto de los hechos de Morón, refiere la ONG, han confirmado la privación de libertad de 12 nuevos presos políticos, todos ellos “sin orden de arresto ni tutela judicial y la mayoría mediante operativos violentos ejecutados por agentes de la Seguridad del Estado, conocidos como Boinas Negras, lo que configura un patrón sistemático de represión planificada frente a la protesta pacífica”.

A ello se refiere Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en un video enviado a los medios. “Además de la represión y la tortura y las cifras récord de prisión política, las condenas son extremadamente severas; 217 manifestantes han sido castigados por sedición a una media de 10 años, y los menores condenados de la lista soportan penas de cinco años de media”, dice el activista, que añade otro número destacado del informe: 447 presos políticos que “padecen enfermedades causadas o agravadas por las condiciones de reclusión, tortura, la negación sistemática y deliberada de atención médica”.

La organización ha realizado un estudio sobre los presos que podrían fallecer “de no salir de prisión de inmediato” y los cifran en 32. De no ser excarcelados, alertan, “pueden morir en menos de 12 meses o sufrir daños irreversibles: 21 con gravísimas enfermedades, 4 madres con hijos en situación de orfandad forzosa y 7 con enfermedades mentales graves, potencialmente suicidas”.

Han aumentado en las cárceles los malos tratos, los traslados a celdas de castigo, la retirada de alimentos y pertenencias, así como las amenazas

Además de las circunstancias que rodean a los prisioneros políticos, PD señala la intensificación de la represión por parte del régimen, que “trata como enemigo” a todo aquel que se atreva a mostrar el descontento, por otro lado también creciente en el país. Al respecto, cita el caso de Anna Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Anna Bensi, cuyos videos críticos en TikTok, Instagram y YouTube la han convertido, a ella y a su madre “en objetivos directos de las autoridades”.

En la misma línea va el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), publicado también este jueves. La organización, radicada en Madrid, denuncia que “mientras el régimen cubano niega ante la prensa internacional la existencia de presos políticos y anuncia un indulto que solo ha beneficiado a reclusos comunes, en las cárceles de la Isla se produce una arremetida violenta contra los prisioneros de conciencia”.

Así, documenta el OCDH, han aumentado en las cárceles los malos tratos, los traslados a celdas de castigo, la retirada de alimentos y pertenencias, así como las amenazas y la colocación de reos comunes en sus celdas para que agredan a los presos políticos.

Entre los casos más graves, la ONG destaca los de Duannis León Taboada, condenado a 14 años, Ángel Jesús Véliz Marcano (seis años) y Liosnel López Arocha (12 años), todos ellos condenados por manifestarse el 11J.