La Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para seis personas por un cacerolazo en Villa Clara
Represión
Entre los acusados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea
La Habana/La Fiscalía cubana pide hasta nueve años de cárcel para seis cubanos por un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones durante un proceso que comenzó este miércoles en el tribunal provincial de Villa Clara.
Los acusados, entre los que se encuentra el intelectual y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea, están acusados de desórdenes públicos, según las conclusiones finales del escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE.
Cinco de los imputados permanecen en prisión provisional desde pocos días después de que se produjeran los hechos juzgados, el 7 de noviembre de 2024.
El juicio comenzó por la tarde, con la declaración de los acusados. Activistas y familiares denunciaron la detención del histórico opositor cubano Guillermo Coco Fariñas, cuando se desplazaba hacia el tribunal para asistir a la vista.
Según el escrito de la Fiscalía, los imputados –con tres calderos "que no pudieron ser ocupados"– lideraron un cacerolazo en la localidad Encrucijada (centro de Cuba) aprovechando "la ausencia de fluido eléctrico causada por la crisis electroenergética en el país".
La acción, con "toques incesantes" y a "altos decibeles", estuvo acompañada de gritos repetidos de "Pongan la corriente, queremos corriente". Esto, argumenta la Fiscalía, supuso "perturbar la tranquilidad ciudadana" y "obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública".
La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Barrenechea
Con esta descripción, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para dos de los imputados, seis para Barrenechea, cinco para otro y cuatro para un último investigado. Para el sexto acusado se piden cinco años de limitación de libertad.
Los seis acusados son todos varones, naturales de Encrucijada, y tienen entre 26 y 53 años. Ninguno tiene antecedentes penales.
Barrenechea fue detenido pocos días después de la protesta. Se rechazó su petición de quedar en libertad a la espera de juicio y sólo se le permitió salir de prisión para acudir al funeral de su madre (pero no visitarla cuando ya estaba gravemente enferma).
El 25 de junio pasado, la Fiscalía entregó al Tribunal Provincial de Villa Clara una petición de pena de seis años de prisión para el comunicador, colaborador de este diario. El documento detalla que el “delito” de Barrenechea –a quien inicialmente buscaron acusar de sedición– durante las manifestaciones pacíficas, luego de 48 horas sin corriente eléctrica en Encrucijada, fue gritar “pongan la corriente, queremos la corriente”, a coro junto a otros manifestantes, e instar “a viva voz a que las personas presentes no desistieran de su actuar”.
El documento agrega que el periodista “muestra total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”. Asimismo, señala que es un ciudadano sin antecedentes penales, pero que se “relaciona con personas de mala moralidad y conducta social, y no posee vínculo laboral reconocido”.
El documento agrega que el periodista “muestra total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”
Durante estos últimos 10 meses, Barrenechea ha estado preso en el centro penitenciario La Pendiente, en Santa Clara. El lugar es “conocido por sus condiciones de hacinamiento extremo y por albergar a presos de todo tipo”, según el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Su estancia ahí ha representado “un grave riesgo para su vida”, subrayó la entidad en un comunicado días después de la detención del comunicador.
En prisión, el comunicador sufrió la muerte de su madre, Zoila Esther Chávez, que dependía de él, y solo se le permitió asistir a su funeral durante una hora y media.
La investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, se refirió este miércoles al juicio en redes sociales. "La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos", aseguró.
Cilano conectó este proceso con otros dos juicios celebrados recientemente en Cuba, como el de las protestas de Bayamo de marzo de 2024, por el que 15 personas han sido condenadas a hasta 9 años de cárcel por protestar.