El retorno de 500.000 cubanos, entre los puntos que negocian Washington y La Habana

Madrid/Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre la agenda secreta entre La Habana y Washington. Pero ahora, por primera vez con este nivel de detalle, una fuente con acceso a funcionarios de ambos Gobiernos pone sobre la mesa un mapa concreto. El empresario y ex congresista demócrata Joe García habla de ocho puntos que irían desde la liberación de presos políticos hasta el levantamiento del embargo. En el centro de esa posible negociación aparece, no obstante, un asunto más espinoso que cualquier gesto diplomático: el retorno a la Isla de hasta 500.000 cubanos que hoy viven en Estados Unidos.

La cifra, por sí sola, basta para sacudir a ambos lados del estrecho de Florida. Medio millón de personas no es una categoría abstracta en un expediente federal. Son familias, trabajadores, llegados bajo el parole humanitario, solicitantes de asilo y personas con procesos abiertos. También se trataría de individuos considerados inadmisibles por haber cometido delitos. Mezclar a todos en el mismo saco puede resultar políticamente útil, pero humanamente peligroso.

En un artículo publicado por The Palm Beach Post, García identifica ocho puntos principales en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba: la liberación de más de 1.000 presos políticos, reformas económicas, compensación por propiedades confiscadas, reformas políticas, levantamiento del embargo, readmisión de la Isla en organismos multilaterales, estatus de Nación Más Favorecida y la repatriación de cientos de miles de cubanos.

La liberación de presos políticos sería la condición moral mínima para vender cualquier acuerdo ante el exilio y ante el Congreso

No se trataría, por tanto, de un simple arreglo migratorio, sino de una vuelta al tablero de toda la relación bilateral. Consultado por 14ymedio, García reconoce que el punto sobre el medio millón de migrantes “es el que mueve el corazón”, pero considera que los otros siete aspectos son también muy “precisos” y constituyen “un movimiento bastante grande”.

La liberación de presos políticos sería la condición moral mínima para vender cualquier acuerdo ante el exilio y ante el Congreso; las reformas económicas abrirían la puerta a inversiones que hoy chocan con el control estatal y militar de los sectores estratégicos; la compensación por expropiaciones tocaría una herida abierta desde 1959 y obligaría a crear fórmulas jurídicas y financieras para reclamaciones estadounidenses y cubanas; y las reformas políticas serían el punto más sensible para La Habana, porque cualquier apertura real cuestionaría el monopolio del Partido Comunista. 

Las declaraciones de García descansan sobre una vieja regla de la política exterior estadounidense: a veces solo un halcón puede negociar con el enemigo sin ser acusado de debilidad. Nixon pudo abrir la puerta a China porque su historial anticomunista lo protegía de sospechas. Reagan pudo sentarse con Gorbachov después de haber llamado a la Unión Soviética “el imperio del mal”. Y George H. W. Bush pudo administrar el derrumbe soviético sin convertirlo en una humillación pública que empujara a Moscú hacia el caos. En todos esos casos, el acercamiento no fue vendido como simpatía hacia el adversario, sino como resultado de una posición de fuerza.

Las conversaciones no apuntarían a una expulsión inmediata, sino a un esquema gradual, con permisos de trabajo y reubicaciones a lo largo de varios años

Esa es, posiblemente, la carta que Trump podría intentar jugar con Cuba. De conseguirlo, habría logrado arrancarle concesiones que ningún demócrata pudo obtener antes. Obama apostó por el deshielo y sus críticos lo presentaron como una concesión unilateral. Trump, en cambio, podría presentar cualquier giro como victoria personal. 

Pero el tema migratorio se impone sobre todos los demás por su carga humana. Trump quiere mostrar resultados, de cara a su base, en su promesa de deportaciones. La Habana, en cambio, no tiene condiciones materiales para absorber una devolución masiva. El país apenas puede sostener a una población cada vez más reducida y empobrecida. Recibir a 500.000 retornados equivaldría a añadir una ciudad entera a un sistema ya colapsado.

Por eso, según García, las conversaciones no apuntarían a una expulsión inmediata, sino a un esquema gradual, con permisos de trabajo y reubicaciones a lo largo de varios años. Aun así, el solo planteamiento revela hasta qué punto los migrantes cubanos han dejado de ser intocables en la política estadounidense. 

Aceptar deportados en grandes cantidades significaría recibir a una población que ya conoció otros salarios, otros derechos y otra relación con el Estado

Trump no ha dicho de forma explícita que vaya a deportar masivamente a los cubanos hacia la Isla. Pero sí ha instalado varias veces la idea de que muchos de ellos “quieren volver”. La frase, repetida en distintos escenarios, convierte el retorno en un punto verosímil de la agenda.

El golpe simbólico sería enorme. Muchos de los cubanos llegados durante la Administración Biden cruzaron fronteras, vendieron propiedades, endeudaron a sus familias o esperaron durante meses una autorización de parole convencidos de que Estados Unidos era un refugio. Ahora descubren que su permanencia depende no solo de jueces migratorios o formularios pendientes, sino también de una negociación geopolítica entre Washington y La Habana.

El régimen cubano, por su parte, tampoco puede celebrar. Aceptar deportados en grandes cantidades significaría recibir a una población que ya conoció otros salarios, otros derechos y otra relación con el Estado. Serían ciudadanos con una experiencia directa de vida fuera del control totalitario. Para un Gobierno que teme cualquier concentración espontánea de malestar, esa masa humana puede ser un problema político de primer orden.

La incógnita es si esa presión busca una transición real o apenas un acuerdo que permita exhibir deportaciones

La posible negociación llega, además, en un momento de presión máxima sobre La Habana. La Administración de Trump ha endurecido las sanciones, ha golpeado la logística petrolera de la Isla y ha elevado el costo personal para la cúpula del régimen. La acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 añade una dimensión judicial inédita al caso cubano.

El problema es que el paquete descrito parece demasiado ambicioso para un régimen cuya prioridad no es reformar el país, sino conservar el poder. Cuba no tiene el peso estratégico de Pekín ni el arsenal nuclear de Moscú. Su poder real es que puede provocar crisis migratorias, sostener redes de inteligencia hostiles, servir de plataforma a aliados de Washington y producir una emergencia humanitaria a 90 millas de Florida.

Por eso, el expediente cubano no sería una negociación entre iguales, sino una operación de presión sobre un régimen peligroso y exhausto. La incógnita es si esa presión busca una transición real o apenas un acuerdo que permita exhibir deportaciones, liberar algunos presos y vender como victoria lo que podría terminar siendo otra transacción entre élites.