María Corina Machado denuncia que EE UU la excluyó de las negociaciones en Caracas

Washington/Caracas/La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció que EE UU la dejó fuera de las negociaciones que celebran esta semana en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times. 

Machado, que permanece fuera de Venezuela, aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

La opositora, que lleva meses sin poder volver a su país, afirmó que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.

Sin embargo, el Departamento de Estado sostuvo que el partido de Machado, Vente Venezuela, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".

"Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados"

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó. También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones. "La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.

La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez.

Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó este jueves que validó el proyecto de reforma parcial de la ley contra el odio –criticada como un instrumento de persecución contra opositores y cuya derogación piden varias ONG– y dio luz verde para que el Parlamento la debata.

Así lo informó el Tribunal en su página web mediante una sentencia de la Sala Constitucional en la que se declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma de esta ley, “todo ello a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación” ante el Parlamento.

Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta norma, en 2017, según datos difundidos este mes por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta norma, en 2017

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

La reforma parcial de esta ley se evalúa luego de que en septiembre pasado la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo solicitara al Parlamento, controlado por el chavismo y presidido por su hermano Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez reconoció entonces que las autoridades aplicaron mal esta ley y la utilizaron de forma abusiva, como denunciaron por años varias ONG y la oposición.