Llegan a España una media de 34.000 cubanos al año, la mayoría con nacionalidad y derecho a voto

Madrid/Basta un momento en la cola siempre nutrida a las puertas del Consulado de España en La Habana, a un costado del Palacio de Velasco, para darse cuenta del interés de los cubanos en los próximos comicios en el país europeo, sean nacionalizados o no, o estén o no en trámites de convertirse en españoles por la polémica Ley de Memoria Democrática (LMD). “A mí qué me importa que haya elecciones en España, a mí lo que me importa es que haya electricidad en mi casa”, es uno de los comentarios que refleja la tónica dominante.

Y ello, siempre que se pregunte a propósito del tema. Si no, nadie lo mencionará. Tal y como expresa un habanero que acudió el viernes a entregar unos documentos para el visado de estudiante de una nieta, “la urgencia en la gente es hacer los papeles cuanto antes para salir de aquí”.

Que gran parte de los cubanos que se acogieron a la LMD hayan salido de la Isla es, precisamente, una de las razones por la que son los menos afectados por la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo español del derecho al voto y de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (Cera) de los recientes nacionalizados por esa norma, a pesar de ser el segundo país, por detrás de Argentina, en número de solicitantes.

Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, indican los datos de la Junta Electoral Central, el Cera cayó en 1.800 inscritos en la Isla

El censo electoral de los españoles que viven en la Isla es, de hecho, el único que ha bajado el último año entre los principales países impactados por la LMD, de acuerdo con una nota publicada este domingo en El Debate. Estos nuevos españoles, a condición de que ya figuren en el censo electoral vigente, podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, puesto que la suspensión del Tribunal Supremo no afecta a los naturalizados empadronados en España.

Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, indican los datos de la Junta Electoral Central, el Cera cayó en 1.800 inscritos en la Isla, frente a lo ocurrido por ejemplo en Argentina, donde subió en casi 40.000, o México y Estados Unidos, que se incrementaron en más de 15.000 cada uno.

Paralelamente, han aumentado de manera importante los nacidos en Cuba con pasaporte español que residen en el país europeo. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) no distingue el origen de la obtención de la nacionalidad, sí constata que el número de llegadas de cubanos a España con pasaporte español desde la aprobación de la LMD, en octubre de 2022, es superior a los años previos.

Según los últimos datos disponibles, de los 38.179 cubanos que emigraron a España en 2024, el 40% llegó ya con la nacionalidad española, diez puntos más que la media del decenio anterior.

Esta circunstancia ha convivido con el mayor éxodo experimentado por la Isla desde la imposición del castrismo y el endurecimiento de las medidas migratorias por parte de Estados Unidos a partir del inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, lo cual ha convertido a España en una de las principales opciones del cubano para emigrar.

Si en 2021 Cuba ocupaba el puesto 13 entre los países de origen más frecuentes en España, cuatro años después ya estaba en novena posición

Lo acreditan los números del censo, como recuerda también El Debate. El año previo a la aprobación de la LMD, en 2021, los cubanos en España eran 166.076, mientras que en 2025 –los últimos datos disponibles– fueron 252.290, 52% más. “Desde la ley de nietos han llegado a España una media de 34.000 cubanos al año, mientras que en la pasada década la media de llegadas era de 10.000 al año”, precisa también ese diario.

Y aporta más: “El aumento de cubanos en España está por encima del crecimiento general de la inmigración esta década”. Si en 2021 Cuba ocupaba el puesto 13 entre los países de origen más frecuentes en España, cuatro años después ya estaba en novena posición. De ellos, el 63% tiene la nacionalidad española y, por tanto, derecho a voto, independientemente de si su nacionalización ha sido mediante la ley de nietos o no.

La Ley de Memoria Democrática se encuentra envuelta en una enorme controversia en España. Aprobada en el Congreso y publicada el 19 de octubre de 2022, la norma tenía como objetivo ampliar la Ley de Memoria Histórica de 2007 y servir de reparación a los descendientes de los españoles exiliados por la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco.

Por eso, en un principio, para poder solicitar la nacionalidad española acogiéndose a esta norma, era necesario acreditar la condición de exiliado del padre o del abuelo. Todos los ciudadanos que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 (fecha de inicio de la Guerra Civil) y 31 de diciembre de 1955 se consideraban exiliados y solo era preciso acreditar la salida por un punto fronterizo. En cambio, para quienes salieron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, tendrían que demostrarlo con documentación adicional, por ejemplo de alguna dependencia oficial de refugiados o de alguna organización reconocida del exilio. Así figuraba, de hecho, en una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia español al día siguiente de ser publicada la ley, firmada por Sofía Puente, Directora General de Seguridad Jurídica y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Otra instrucción firmada por la misma alta funcionaria y publicada el 26 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado cambió por completo el espíritu original de la ley

Sin embargo, otra instrucción firmada por la misma alta funcionaria y publicada el 26 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado cambió por completo el espíritu original de la ley, y dejó establecido que “tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”. Es decir, ya no era necesario demostrar que el familiar era exiliado, sino que bastaba enseñar un acta de nacimiento o de bautismo que confirmara el vínculo con España.

Este cambio hizo que el volumen de solicitudes fuera ingente y llegara, en total, a casi 2.500.000, de las que, según fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores a 14ymedio, más de 600.000 fueron de cubanos.  

La decisión del Tribunal Supremo pretende recuperar el espíritu original de la LMD y responde a una denuncia interpuesta por los partidos Iustitia Europa y Vox, según la cual el Gobierno amplió indebidamente el acceso a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y por ello se están produciendo irregularidades en el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero. El alto tribunal atendió la petición y suspendió cautelarmente el derecho al voto y las altas en el censo de españoles en el extranjero, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido de que esto es poco menos que imposible. No alude en ningún momento a la turbia instrucción posterior a la ley, merced a la cual nunca se les pidió a los solicitantes que acreditaran ser hijos o nietos de exiliados. El problema afecta tan solo –según datos del Gobierno– a 163.020 personas, pero no es menor. Son ya ciudadanos españoles, algo difícil de revertir.

En la cola del Consulado en La Habana nadie se interesa por la polémica que sacude a España a propósito de la participación de los beneficiarios de la LMD a las elecciones del 29 de noviembre. El objetivo de casi todos se limita a recoger su nuevo pasaporte y comprar un boleto de avión para marcharse lo más pronto posible.