La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la "escalada represiva" del régimen cubano contra periodistas y activistas

La Habana/La Sociedad Interamericana de Prensa ha emitido este viernes un comunicado para condenar las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios y el hostigamiento policial que se han registrado las últimas semanas en Cuba contra periodistas independientes y activistas. Entre los casos que enumera la organización, se encuentran los de Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, y su marido y columnista de este diario, Reinaldo Escobar, a quienes este jueves se les impidió acudir a la recepción organizada por el jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, en su residencia.

En su texto, la SIP sostiene que las autoridades han reforzado los operativos contra reporteros independientes y voces críticas para frenar la circulación de información sobre la situación real del país. A su juicio, la combinación de controles policiales, restricciones de movimiento y citaciones sin fundamento judicial se ha convertido en una herramienta recurrente para presionar a la prensa no oficial.

Además, advierte de que "no puede existir libertad de prensa bajo un sistema de persecución permanente y control policial" y que "la represión sostenida contra quienes informan constituye una negación abierta y sistemática del derecho de la sociedad a estar informada". El acoso de los últimos días, recuerda la SIP, se produce en momento en que la crisis económica, social y energética se ha visto agravada tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero, "con apagones de 20 o más horas diarias en amplias regiones del país y sin perspectivas claras de solución".

La organización enumera, además de Sánchez y Escobar, 11 casos de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado

La organización enumera, además de Sánchez y Escobar, 11 casos de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. Entre ellos figuran el del reportero independiente Ángel Cuza Alfonso, detenido el 27 de enero en La Habana y trasladado a una unidad policial del municipio Playa, apenas 24 horas después de haber sido liberado tras pasar seis meses en prisión sin juicio.

También mencionan las detenciones de Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, detenido en tres ocasiones durante el mes de enero y posteriormente liberado sin cargos, y Alejandra García, colaboradora de ese medio. De igual manera, consignan el acoso a Boris González Arenas, Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo y Dagoberto Valdés, sometidos a cercos policiales y operativos para restringir sus movimientos.

Además, la SIP menciona al periodista José Gabriel Barrenechea, en prisión desde su detención en 2024, quien el pasado 15 de enero recibió una condena de seis años de privación de libertad por participar en una protesta pacífica en Encrucijada, Villa Clara.

Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., afirmó que los abusos contra reporteros y activistas no son hechos aislados, sino parte de una política destinada a cerrar aún más el espacio informativo en el país.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, alertó que el uso reiterado de detenciones de corta duración, interrogatorios, incomunicaciones y procesos penales con sanciones severas busca generar un efecto disuasivo entre los periodistas y limitar la cobertura de temas sensibles para el poder.

Paralelamente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció también que durante 2025 se registraron al menos 873 violaciones a la libertad religiosa, durante ese año se reprimió especialmente a sacerdote católicos en momentos de crisis social, como fue el caso de José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, expulsado del país en diciembre pasado luego de que las autoridades se negaran a renovarle la residencia temporal, tras tocar las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a vecinos que protestaban por los apagones.

Según fuentes internas de la Iglesia católica citadas por el observatorio, la medida fue impulsada por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, bajo presión de la Seguridad del Estado, y obligó al religioso a abandonar la Isla en cuestión de horas.