Alina Bárbara López, la profesora rebelde de Matanzas
Sus reclamos tuvieron la acogida habitual en el régimen: la censura y la represión
La Habana/Después de que la Asociación Hermanos Saíz (AHS) censurara, en octubre de 2022, el evento La peor generación, con un cartel de artistas que habían empezado a cuestionar al régimen, Alina Bárbara López Hernández comenzó a ser objeto de atención por parte de la Seguridad del Estado. La profesora e historiadora iba a moderar aquel debate, además de prologar un libro que llevaría el mismo título y que el régimen también impidió llevar a cabo.
Ella misma denunció el acoso a través de las redes sociales y, tras recibir varias peticiones por parte de la policía política para ser interrogada, presentó ante la Fiscalía Provincial de Matanzas, donde reside, una "formal queja y acción de nulidad contra las citaciones oficiales". Con ello la profesora consiguió algo inédito: que la Seguridad del Estado anulara la citación.
Sus acciones y detenciones han tenido reflejo en La Habana en el escritor y periodista Jorge Fernández Era, con el que colaboraba en la revista digital La Joven Cuba. En enero de este 2023, inspirado por la matancera, Fernández Era presentó en la capital una reclamación similar, de nulidad, tras recibir una citación, y no acudió al encuentro.
Fue llevada a juicio por "desobediencia", de lo que fue declarada culpable el pasado 28 de noviembre
En abril, López Hernández fue retenida durante varias horas por la Seguridad del Estado tras protestar por otra detención de Fernández Era en el Parque de la Libertad de Matanzas. Luego de ser liberada, contó en una larga publicación en Facebook los detalles de la detención arbitraria y anunció que cada día 18 se manifestaría de forma pacífica.
Sus peticiones serían, mes a mes, varias, entre ellas "una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución", "libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio" y "cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión".
Los reclamos de la historiadora tuvieron la acogida habitual en el régimen: la censura y la represión. Primero descubrió, al ir a renovar su pasaporte para un viaje académico a Estados Unidos –donde había viajado sin problemas antes– que estaba regulada y no podría salir de la Isla. Después, fue llevada a juicio por "desobediencia", de lo que fue declarada culpable el pasado 28 de noviembre.
Pese a que su caso ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales, fue condenada a pagar 250 cuotas de 30 pesos, o sea, 7.500, si quiere ver levantadas sus "limitaciones de movilidad". La profesora no solamente no aceptó el fallo sino que expuso, una vez más, sus razones en público: "no somos súbditos de una monarquía, somos ciudadanos de una república".
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