La temida cárcel El Helicoide no ha sido cerrada, denuncia una ONG venezolana

Caracas/La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes que la cárcel El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y señalada como centro de torturas por organizaciones y opositores, sigue funcionando pese a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado. La organización también lamentó el resultado de la investigación oficial de la muerte de Víctor Quero, fallecido en custodia de las autoridades.

"Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización confirman que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones", indicó la ONG en una publicación en X.

Además, dijo que detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas, por ello, advirtió, "no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior".

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos", añadió. Igualmente, exhortó a las autoridades venezolanas a que haya transparencia sobre el estatus real de esta cárcel y la atención prioritaria sobre la situación jurídica de estos 25 detenidos.

"No es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior"

En febrero pasado, el Gobierno de Rodríguez informó sobre el comienzo de los trabajos de remodelación de El Helicoide, para convertirla en un centro social y deportivo, como había pedido la mandataria.

La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer Rodríguez semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana. El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Ese lugar ha sido descrito como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí. El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

La Fiscalía venezolana publicó este martes el resultado de la investigación por la muerte del opositor Víctor Quero, provocando molestia también en la JEP, que lo consideró "alarmante".

"Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas", indicó la ONG en X.

Asimismo, dijo que el documento publicado por la Fiscalía solo puede ser aceptable si se asume como un avance preliminar porque de lo contrario, sostuvo, se está ante un intento de "carpetazo que carece del más mínimo rigor".

"Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, el pronunciamiento oficial genera más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal", añadió.

El JEP señaló que el comunicado despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado.

El JEP señaló que el comunicado despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado

"Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar que si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona", apuntó.

Para la ONG, el punto más grave del comunicado es el "silencio cómplice" sobre los 16 meses en los que la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, recorrió instituciones sin recibir información del paradero de su hijo.

A su juicio, el MP ignora "deliberadamente" la cadena de responsabilidades de funcionarios de su institución, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

El JEP exigió una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la "desatención médica" y que lleve a la justicia a cada funcionario responsable "de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero". La Fiscalía dijo este martes que no se evidenciaron "lesiones traumáticas" en el cuerpo de Víctor Quero, en un comunicado publicado en redes sociales.

"La necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver", señaló el MP. Asimismo, indicó que, luego de los estudios correspondientes, se evidenció una "data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año".

El pasado 7 de mayo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después, pese a la reiterada búsqueda de su madre –que falleció días después– , y han exigido una investigación con ayuda internacional.