EE UU sanciona a la esposa del general Alejandro Castro Espín y cinco entidades estatales cubanas

Madrid/La Administración de Donald Trump anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra entidades estatales cubanas vinculadas al conglomerado militar Gaesa y contra una persona relacionada con la familia Castro, siguiendo la ofensiva iniciada tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404 el pasado 1 de mayo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro de EE UU, incorporó a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a cinco empresas cubanas: Almacenes Universales S.A., Banco Financiero Internacional (BFI), Geominera S.A., la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero) y Rafin S.A.

Además de las empresas, en las sanciones figura también a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa del general Alejandro Castro Espín, –hijo de Raúl Castro–, quien también fue sancionado a inicios de junio, 

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en X: “Hoy he sancionado a nuevas entidades de la red de Gaesa vinculadas tanto al movimiento de sus fondos como a la gestión de sus activos físicos, así como a entidades responsables de explotar las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener beneficios ilícitos”.

"La situación en Cuba sigue deteriorándose mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la Isla continúa priorizando su control absoluto sobre la libertad"

Rubio advirtió que cualquier persona o entidad que preste servicios a los actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada también y que, por tanto, los bancos extranjeros y otras entidades que mantengan relaciones comerciales con estas entidades deben cesar sus actividades de inmediato.

“La situación en Cuba sigue deteriorándose mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la Isla continúa priorizando su control absoluto sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, dijo el Secretario de Estado.

Con esta decisión, Washington deja claro que las reformas económicas anunciadas recientemente por el Gobierno cubano no han alterado su estrategia de presión. Pese a que el paquete de 176 resoluciones ha sido presentado como la mayor reforma en la estructura económica cubana en décadas –incluye la legalización de la banca privada, la apertura de empresas estatales al capital privado y extranjero, y una mayor expansión de la iniciativa privada–, EE UU mantiene que el núcleo del sistema económico continúa bajo control de la cúpula militar.

Según declaró a la agencia AFP un portavoz del Departamento de Estado, Washington calificó de “señales de humo” el paquete de medidas del Gobierno cubano y exigió “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas” y que ofrezcan a sus ciudadanos “la libertad, la dignidad y las oportunidades que merecen”.

Washington calificó de “señales de humo” el paquete de medidas del Gobierno cubano y exigió “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales"

Desde la firma de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, Washington ha desplegado una estrategia de presión contra los pilares económicos del régimen.

Primero sancionó a Gaesa, a su presidenta, la general Ania Guillermina Lastres Morera, y a la minera estatal Moa Nickel, lo que precipitó la retirada de empresas extranjeras como la canadiense Sherritt International y de varias cadenas hoteleras asociadas al conglomerado militar, entre ellas Blue Diamond Resorts, Iberostar, Meliá y Archipelago International.

Las grandes navieras internacionales, entre ellas la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, suspendieron todos los servicios hacia Cuba, en aplicación del nuevo régimen de sanciones secundarias. La decisión provocó la paralización de buena parte del tráfico de mercancías hacia la Isla y obligó a operadores a abandonar rutas o renegociar contratos.

Las medidas también alcanzaron a Fincimex, con la suspensión de operaciones de Visa y Mastercard en la Isla. 

En acciones previas, Washington ya había ampliado las sanciones a figuras del entorno político y familiar del poder en Cuba, incluyendo a Miguel Díaz-Canel

El pasado 11 de junio, la inclusión de Cupet en la lista de entidades sancionadas por la Ofac frustró la operación de la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, que aspiraba a concretar una de las mayores ventas privadas de combustible a Cuba en los últimos años. La sanción a Cupet también provocó la retirada de la petrolera australiana Melbana, que se jactaba de trabajar en uno de los proyectos de exploración de crudo más prometedores, aunque nunca llegó a presentar datos convincentes.

En acciones previas, Washington ya había ampliado las sanciones a figuras del entorno político y familiar del poder en Cuba, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, su esposa, Lis Cuesta Peraza y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, además de Alejandro Castro Espín, entre otros miembros de la élite gobernante y sus redes de apoyo.