Desterrados por el régimen cubano

La Habana/Ferrer y Robles llegaron a sus respectivos destinos en el destierro, el mismo día. La coincidencia no fue casual; como tantos opositores cubanos en las últimas décadas, ambos solo recuperaron la libertad tras aceptar abandonar la Isla. Ellos, junto a Aymara Nieto Muñoz, comparten un destino que se ha convertido en un patrón en el tratamiento oficial hacia la disidencia: la excarcelación condicionada al exilio forzoso, presentada como “liberación”, pero que en realidad funciona como un mecanismo para vaciar el país de voces críticas.

José Daniel Ferrer, líder histórico de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021, antes de poder participar en las protestas populares del 11J, y condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Durante su encarcelamiento denunció aislamiento, golpizas, torturas y restricciones extremas para comunicarse con su familia, así como presión constante de la Seguridad del Estado para que abandonara la disidencia.

Ferrer fue excarcelado en enero de 2025, pero su libertad condicional fue revocada en abril del mismo año por supuestos “quebrantos de obligaciones”, permaneciendo de nuevo bajo detención provisional durante meses. Finalmente, en octubre de 2025, Ferrer fue obligado a salir de Cuba hacia Estados Unidos en un exilio forzoso. Su traslado fue acompañado por su familia y por funcionarios estadounidenses que supervisaron la salida, mientras el régimen cubano emitía un comunicado oficial presentando su salida como un acto voluntario, sin reconocer las presiones y torturas sufridas.

Ferrer relató en una carta desde prisión que aceptó el exilio “por la seguridad de su familia” y por la imposibilidad de continuar su activismo dentro de la Isla bajo vigilancia constante

Ferrer relató en una carta desde prisión que aceptó el exilio “por la seguridad de su familia” y por la imposibilidad de continuar su activismo dentro de la Isla bajo vigilancia constante.

En el caso de Luis Robles Elizastigui, conocido como “el joven de la pancarta”, su liberación en enero de 2025 tampoco significó la posibilidad de quedarse. Tras cumplir una condena de cinco años impuesta por sostener un cartel de protesta en 2020 en mitad del Boulevard de San Rafael en La Habana, y después de soportar vigilancia y sanciones dentro de prisión, su salida de Cuba, junto a su madre –quien hizo una huelga de hambre para exigir su liberación– y su hijo, fue la única vía para recuperar la libertad personal. 

También en 2025, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco y objeto de múltiples detenciones previas, fue obligada a abandonar la Isla inmediatamente después de ser excarcelada. Condenada en 2018 por atentado y daños a la propiedad, había pasado años entre diferentes centros penitenciarios, complicando drásticamente el contacto con sus hijas. Su salida desde la prisión directamente hacia el aeropuerto, rumbo a República Dominicana y sin poder despedirse de una de sus hijas, fue documentada por organizaciones internacionales como un caso de exilio forzoso derivado de la represión política.

Los destierros de Ferrer, Robles y Nieto son parte de un patrón sistemático del régimen cubano. La prisión es solo una etapa de un proceso más amplio que culmina en expulsar de Cuba a quienes disienten. La mediación internacional ha permitido el traslado de los excarcelados hacia los países de acogida y ha contribuido así a justificar las restricciones internas que impiden la permanencia de los opositores en el país. Así, buena parte del activismo cívico cubano se ve empujado fuera de la Isla, convertido en diáspora por imposición y no por elección.