Yosvany Rosell García, el cuerpo como forma de denuncia

La Habana/Yosvany Rosell García Caso, uno de los tantos nombres asociados a las protestas del 11 de julio de 2021, se convirtió en 2025 en uno de los rostros más visibles de los presos políticos cubanos. Su prolongada huelga de hambre, el deterioro extremo de su salud y la opacidad con que las autoridades gestionaron su caso devolvieron al centro del debate público la situación de los prisioneros de conciencia en la Isla. Su cuerpo, llevado al límite, expuso el costo humano de la represión y la incapacidad del régimen para ofrecer respuestas que no pasen por el castigo y el silencio.

García Caso, de 37 años, fue detenido en Holguín el 15 de julio de 2021, apenas cuatro días después de participar en las manifestaciones que estremecieron casi toda la Isla. Como miles de otros manifestantes, su detención no contó con garantías procesales mínimas. La acusación fue de “sedición”, un cargo grave que derivó en una condena draconiana de 15 años de prisión. Estas sanciones han sido denunciadas por familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos como parte de la criminalización política de quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica en Cuba. Hasta ese momento, Yosvany Rosell era un joven soldador, padre de tres hijos, uno más entre tantos cubanos inconformes con el deterioro acelerado de la vida en su país.

La huelga marcó un momento crucial en su vida y en la conversación pública sobre los reos políticos en Cuba

Durante los años de encarcelamiento, García Caso pasó por condiciones carcelarias que su familia y defensores describen como degradantes: aislamiento prolongado, malos tratos, vigilancia constante, negligencia médica y restricciones arbitrarias de comunicación con el exterior. En noviembre de 2025, su situación alcanzó un punto crítico cuando decidió iniciar una huelga de hambre que se prolongó durante 40 días, reclamando su libertad y la de otros presos políticos, así como mejores condiciones dentro de la prisión.

La huelga marcó un momento crucial en su vida y en la conversación pública sobre los reos políticos en Cuba. García Caso ingresó en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín con signos de fallo multiorgánico y deterioro acelerado, según reportes independientes. Su estado de salud se convirtió en un indicador del precio extremo de protestar en un sistema que no reconoce plenamente derechos básicos para los disidentes.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, ha sido una de las voces más visibles en la denuncia no solo del estado físico del activista, sino también de la opacidad con que las autoridades han manejado su caso. La familia ha señalado que incluso se les negó el acceso al expediente médico y a los resultados de exámenes realizados durante su hospitalización, lo que constituye una violación del derecho a la salud y a la seguridad personal.

En medio de la crisis de salud, García Caso escribió cartas desde su celda y desde el hospital denunciando las condiciones carcelarias y expresando que su protesta era también una respuesta a la injusticia del sistema penitenciario y a la falta de vías institucionales para canalizar demandas ciudadanas. Su movilización no fue un acto de desesperación aislado, sino una decisión consciente en un entorno que, para muchos presos políticos, no ofrece otros caminos para ser escuchados.

La huelga terminó cuando las autoridades accedieron a una de sus principales demandas: el traslado a una celda de aislamiento, un espacio disciplinario dentro de la prisión que el activista había solicitado como forma de protesta ante el “continuo encierro de todos los presos políticos”. Paradójicamente, la concesión se produjo en medio de un deterioro físico grave que lo dejó al borde de la muerte.

Tras su salida del hospital, García Caso fue devuelto a la prisión Cuba Sí, en El Yayal (Holguín), sin avisar previamente a su familia

Tras su salida del hospital, García Caso fue devuelto a la prisión Cuba Sí, en El Yayal (Holguín), sin avisar previamente a su familia. Según diversos informes, continúa enfrentando condiciones adversas, como mala alimentación, agua no potable y vigilancia estricta, que han afectado su estado general de salud.

Su caso también ha movilizado más allá de la Isla. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y algunas misiones diplomáticas han expresado preocupación por su estado y por la situación general de los presos políticos cubanos, subrayando la necesidad de respetar derechos fundamentales. En el exilio y entre sectores de la sociedad civil internacional, su nombre ha sido objeto de campañas de visibilización y demanda de acción.